Considera que la compra del terreno por parte del concejo es contraria a los derechos de los ganaderos leoneses, que piden su expropiación.
En 1926, Mieres adquiría en subasta, por 415.000 pesetas, 900 hectáreas del leonés Puerto de Pinos, en Santo Emiliano. Desde entonces esa titularidad ha estado envuelta en la polémica al no ser admitida por los ganaderos leoneses. Ayer, tras años de litigios, los ganaderos leoneses dieron a conocer el fallo del Tribunal Supremo, en el que les da la razón y sostiene que Mieres no tiene competencias sobre los pastos del Puerto de Pinos y su actividad en este territorio es «anticonstitucional y contraestatutario».
Los denunciantes, la Asociación de Montaña de Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, iniciaron su lucha en 2006 y quince años después han visto satisfecha su demanda. El Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Contencioso Nº3 de León, que ya aceptaron las reclamaciones de los ganaderos del Puerto de Pinos. Carlos González Antón, representante legal de la Montaña de Babia y Luna, considera que la providencia es «contundente» y reconoce que los asturianos «no tienen competencias ganaderas en Castilla y León y sus vacas no pueden pastar.
El Ayuntamiento estudia el fall
El Ayuntamiento de Mieres no puede ejercer competencias ganaderas en el Puerto de Pinos», subraya el abogado. Mientras, los abogados del Consistorio mierense estudian el fallo para valorar su alcance.
A pesar de que Consistorio mierense adquirió los terrenos en 1926, la compra se considera ahora contraria a los derechos de los ganaderos leoneses. Ahora, las Entidades Menores de León exigen la expropiación de los terrenos del puerto a Mieres y que la Junta de Castilla y León haga cumplir la prohibición de entrada de ganado procedente del Principado que ha recogido una «extraordinaria sentencia».
Dicha expropiación cuenta con un informe y una tasación de 2007, que nunca ha sido utilizado, aunque dicho coste se ve «sobredimensionado», según entiende Antón, porque se habla del valor de los pastos «y no del derecho a pastar de los ganaderos».
También se reclamará un proyecto regional para esas mil hectáreas de «los mejores pastos de España a gran altura», en los que se establezca una zona de estudio e instalaciones públicas para una actividad de dinamización de la provincia, financiada con fondos europeos, y en el que se involucre también el Gobierno central, el CSIC y el Centro de Biodiversidad. La federación reclamará a la Diputación de León que cumpla con su «obligación absoluta» de prestar ayuda a los problemas que puedan tener los municipios de menos de 20.000 habitantes.
