El Gobierno del Principado pretende obligarse por ley a elevar año a año la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación.
La idea es pautar como una exigencia ineludible, para este gobierno y los que vengan, los pasos que la Administración debe dar para alcanzar el objetivo marcado de que la inversión en I+D+i alcance el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030 entre la aportación pública y la del sector privado.
Lo que ya está escrito en el anteproyecto del Gobierno es, que el Principado se obligaría a invertir en I+D el año que viene el 2,5 por ciento de su gasto total, calculado sobre un montante global del que debería ser deducido el valor de las operaciones financieras, y que ese porcentaje tendría que ir subiendo a razón de medio punto cada año: el tres por ciento en 2025, el 3,5 en 2026 y en 2027 debería duplicar, al llegar al cuatro, la proporción actual del dos. A ese ritmo, el trayecto culminaría en 2030 con un nivel máximo que se ubica en el 5,5.